30 nov 2015
El futuro incierto de las universidades
23 nov 2015
De por qué rezar por la paz es apoyar al terrorismo*
16 nov 2015
Elecciones sin candidatos en la Unsa*
8 nov 2015
La Unsa en su hora más decisiva*
Por José Luis Ramos Salinas
El día viernes, la Asamblea Estatutaria de la Universidad Nacional de San Agustín se volvió a reunir luego de que por una orden judicial estuvieran suspendidas sus actividades desde mediados del mes de julio pasado. En ese momento,ya prácticamente se tenía concluido el Estatuto, y lo que faltaba era establecer el cronograma de elecciones para las nuevas autoridades. Así que al retomar el trabajo, la Asamblea decidió hacer todo lo que faltaba en una solasesión maratónica que concluyó casi a media noche. Sin embargo, en mi opinión, tanta celeridad no contribuye a la adecuada marcha de nuestra universidad sino que compromete gravemente su futuro.
El objetivo del nuevo Estatuto es adecuar el funcionamiento de la Unsa a la nueva ley universitaria aprobada por el Congreso el año pasado. Tal paso no es poca cosa, pues independientemente de las objeciones que tenemos respecto a la misma –como la pérdida en la práctica de la autonomía universitaria- da a las universidades públicas en general y a la nuestra en particular la oportunidad de operar cambios trascendentales que redunden en una mejora integral de la calidad académica, tanto en la formación de profesionales como en las tareas de investigación científica y producción de nuevos conocimientos. A este respecto, la comunidad académica no puede pronunciarse, pues no se ha publicado dicho documento y lo único que tenemos es un borrador que circuló vía electrónica hace unos meses. Y en estas condiciones, en las que ni siquiera tenemos acceso al Estatuto se convoca a elecciones para elegir a las nuevas autoridades de la Unsa. Algo realmente grave, si se tiene en cuenta que entre las cosas que norma el Estatuto están, precisamente, los procesos eleccionarios.
Así resulta que por declaraciones periodísticas, porque no se ha publicado ningún comunicado oficial, los más de 25 mil estudiantes y casi 2 mil docentes debemos darnos por enterados que las elecciones para elegir rector, vicerrectores y decanos ya están en marcha. Y que hoy se conforma el comité electoral sin que nadie sepa, salvo los asambleístas, que dice el Estatuto a este respecto. Pero sí sabemos lo que dice la ley: “Cada universidad pública tiene un Comité Electoral Universitario que es elegido por la Asamblea Universitaria cada vez que ocurre un proceso electoral, con una anticipación no menor de seis (6) meses previos a dicho proceso...” Y por ello nos llama poderosamente la atención que la fecha de la votación para elegir al rector y vicerrectores se haya fijado para el 27 de noviembre, pues esto significa que en lugar de los seis meses que la ley considera un tiempo prudencial para organizar una elección tan importante se le dé al comité electoral tan solo tres semanas para tan complicada tarea.
Pero si esto ya nos parece contraproducente, nos parece mucho más grave el cronograma establecido para todo el proceso: el 18 de noviembre se inscriben los candidatos y el 25 se publica quiénes están aptos para competir y dos días después es la votación, lo que quiere decir que los candidatos tendrán para hacer su campaña tan solo un día. Y eso en la práctica no es una elección democrática, sino un sorteo.
Y por qué califico tan críticamente lo que han hecho los asambleístas, pues porque esta vez no se trata de que voten varias docenas de personas, como era en la ley anterior, sino que deben participar alrededor de 30 mil votantes. Y en un día de campaña es obvio que no habrá debates entre los candidatos y ni siquiera una adecuada exposición de sus propuestas, y si a eso le añadimos que lo más probable es que los 25 mil alumnos que votarán no conocerán a los candidatos ni de nombre y mucho menos de trayectoria académica y profesional, me tengo que preguntar cuál será el criterio de los estudiantes para elegir entre uno u otro. Y hasta en los docentes debe de existir desconocimiento, pues los hay quienes solo hace unos años ingresaron a la docencia y quienes tienen poco conocimiento respecto a la trayectoria de quienes no tienen profesiones afines.
Si el argumento es que el gobierno está presionando para la elección de nuevas autoridades, habría que aclarar que el límite es el 31 de diciembre, y bien haría el comité electoral que se elija en aprovechar cada día que sea posible para que éstas sean unas elecciones en las que compitan propuestas y calidades personales, y no una en la que será la suerte la que decida los destinos de nuestra universidad.
*Publicado en mi columna de opinión denominada Letra Menuda, en el diario Noticias del 10 de noviembre del 2015, Arequipa, Perú.
2 nov 2015
The L Word
“The L Word” es el nombre de una serie de televisión en la que se narra las vicisitudes de un grupo de mujeres, todas ellas lesbianas, y por ello con experiencias vitales similares. Al estar ambientada en California, la discriminación que sufren es mucho menor que a la que estarían expuestas por estos lares.
La reseña viene a cuenta porque el sábado pasado se desarrolló en Paraguay una marcha en la que la Iglesia Católica compartió tribuna con las evangélicas para protestar contra los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso de ese país para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia. Sus argumentos, como es obvio, tienen un fuerte carácter religioso; pero no se limitaron a criticar las iniciativas legislativas mencionadas sino que enfilaron sus ataques contra lo que llaman la “ideología de género”, y que no es otra cosa que el desarrollo teórico del movimiento feminista; y reclamaron por una educación que se base en el derecho a la patria potestad, o dicho de otro modo, que el Estado se inhiba de incluir ciertos contenidos en la educación escolar, porque estos deben ser tratados única y exclusivamente al interior de la familia.
¿Suena conocido? Recuerda al mal llamado “Manifiesto de Arequipa”, impulsado por el arzobispo de esta ciudad, y que además de oponerse al aborto, y a la unión civil, hace referencia explícita a la educación sexual, la cual, a su entender, debe ser eliminada de los colegios del Estado y pasar a ser una cuestión que solo debe ser asumida por los padres. Entonces, suena conocido y suena medieval.
El fracasado proyecto de ley de la unión civil y el archivamiento del proyecto de despenalización del aborto en caso de violación, han dejado en evidencia que lo que está en juego en nuestro país, no es la unión civil o el aborto; sino la naturaleza de nuestro Estado: laico o religioso. Y esto por la forma en la que se ha dado el debate, no solo en la sociedad civil, donde tuvieron activa participación las organizaciones ligadas a la Iglesia Católica, sino incluso al interior del Congreso, donde algunos parlamentarios, como Juan Carlos Eguren, parecían no representar a sus electores, sino a ciertas creencias religiosas, y en ciertos momentos críticos daban la impresión de ser meros operadores de la jerarquía eclesiástica. Si a esto le sumamos que el pastor Humberto Lay, argumenta sus proyectos de ley con citas bíblicas, comprenderemos el peligro de que nuestro Estado pierda todo atisbo de condición laica, característica imprescindible de cualquier sociedad moderna y columna fundamental para cualquier democracia.
Y Lay llegó al Congreso de la mano de Pedro Pablo Kuczynski, y hace unos días anunció que formará plancha presidencial con César Acuña; y a Eguren se le voceó como candidato presidencial. Por ello consideramos que nuestra condición de Estado laico, establecida en la Constitución, debe ser un tema que debe incluirse en los debates y propuestas electorales.
Las denuncias contra Luis Fernando Figari que el libro de Pedro Salinas ha logrado que sean conocidas por el país, no son lo que más debe preocuparnos; sino las reacciones del sodalicio y de la cúpula del poder católico, quienes quieren tomar a la ciudadanía por estúpida, y con argumentos que no resisten el menor análisis quieren hacernos creer que colaborarán para que se enjuicie y condene a los culpables, cuando en realidad encubrieron los delitos durante por lo menos cuatro años, pues fue en el 2011 cuando ellos recibieron, de parte de los agraviados, las denuncias respectivas. Ahora dicen que no eran competentes y que enviaron el caso al Vaticano y éste reacciona solo después del escándalo enviando a un investigador que ya declaró que no va a investigar. Casi parece el Ministerio de la Verdad investigando al Ministerio del Amor de la novela 1984.
El libro de Salinas, además, ha motivado a que otros denuncien lo que ya es evidente que no fue un exceso de Figari y otros miembros, sino el modus operandi de una organización que regenta colegios y universidades; y ya se han escuchado voces de padres preocupados por sus hijos, para que colegios como el Prescott, que se presumía laico, deje de ser zona libre del sodalicio.
Y lo peor es que estas abominables prácticas y su encubrimiento se hacen con financiamiento del Estado, es decir con el dinero de todos los peruanos. Ya se ha fijado en más de 2 millones de soles la contribución del Estado a la Iglesia Católica para el 2016. Y a pesar de eso, el Ministerio Público no se atrevió a proceder de oficio cuando debió hacerlo. Y a la Fiscalía de Prevención del Delito le falta iniciativa y coraje.
Esperamos entonces que algún candidato o candidata presidencial, tenga el valor de poner como eje central de su plan de gobierno, el cumplimiento irrestricto de nuestra Constitución en cuando al carácter laico de nuestro Estado. The L Word, debe ser ahora de laico.
*Publicado en el diario Noticias de Arequipa, Perú, del 2 de noviembre de 2015, en mi columna de opinión denominada Letra Menuda.