Por José Luis Ramos Salinas
El día viernes, la Asamblea Estatutaria de la Universidad Nacional de San Agustín se volvió a reunir luego de que por una orden judicial estuvieran suspendidas sus actividades desde mediados del mes de julio pasado. En ese momento,ya prácticamente se tenía concluido el Estatuto, y lo que faltaba era establecer el cronograma de elecciones para las nuevas autoridades. Así que al retomar el trabajo, la Asamblea decidió hacer todo lo que faltaba en una solasesión maratónica que concluyó casi a media noche. Sin embargo, en mi opinión, tanta celeridad no contribuye a la adecuada marcha de nuestra universidad sino que compromete gravemente su futuro.
El objetivo del nuevo Estatuto es adecuar el funcionamiento de la Unsa a la nueva ley universitaria aprobada por el Congreso el año pasado. Tal paso no es poca cosa, pues independientemente de las objeciones que tenemos respecto a la misma –como la pérdida en la práctica de la autonomía universitaria- da a las universidades públicas en general y a la nuestra en particular la oportunidad de operar cambios trascendentales que redunden en una mejora integral de la calidad académica, tanto en la formación de profesionales como en las tareas de investigación científica y producción de nuevos conocimientos. A este respecto, la comunidad académica no puede pronunciarse, pues no se ha publicado dicho documento y lo único que tenemos es un borrador que circuló vía electrónica hace unos meses. Y en estas condiciones, en las que ni siquiera tenemos acceso al Estatuto se convoca a elecciones para elegir a las nuevas autoridades de la Unsa. Algo realmente grave, si se tiene en cuenta que entre las cosas que norma el Estatuto están, precisamente, los procesos eleccionarios.
Así resulta que por declaraciones periodísticas, porque no se ha publicado ningún comunicado oficial, los más de 25 mil estudiantes y casi 2 mil docentes debemos darnos por enterados que las elecciones para elegir rector, vicerrectores y decanos ya están en marcha. Y que hoy se conforma el comité electoral sin que nadie sepa, salvo los asambleístas, que dice el Estatuto a este respecto. Pero sí sabemos lo que dice la ley: “Cada universidad pública tiene un Comité Electoral Universitario que es elegido por la Asamblea Universitaria cada vez que ocurre un proceso electoral, con una anticipación no menor de seis (6) meses previos a dicho proceso...” Y por ello nos llama poderosamente la atención que la fecha de la votación para elegir al rector y vicerrectores se haya fijado para el 27 de noviembre, pues esto significa que en lugar de los seis meses que la ley considera un tiempo prudencial para organizar una elección tan importante se le dé al comité electoral tan solo tres semanas para tan complicada tarea.
Pero si esto ya nos parece contraproducente, nos parece mucho más grave el cronograma establecido para todo el proceso: el 18 de noviembre se inscriben los candidatos y el 25 se publica quiénes están aptos para competir y dos días después es la votación, lo que quiere decir que los candidatos tendrán para hacer su campaña tan solo un día. Y eso en la práctica no es una elección democrática, sino un sorteo.
Y por qué califico tan críticamente lo que han hecho los asambleístas, pues porque esta vez no se trata de que voten varias docenas de personas, como era en la ley anterior, sino que deben participar alrededor de 30 mil votantes. Y en un día de campaña es obvio que no habrá debates entre los candidatos y ni siquiera una adecuada exposición de sus propuestas, y si a eso le añadimos que lo más probable es que los 25 mil alumnos que votarán no conocerán a los candidatos ni de nombre y mucho menos de trayectoria académica y profesional, me tengo que preguntar cuál será el criterio de los estudiantes para elegir entre uno u otro. Y hasta en los docentes debe de existir desconocimiento, pues los hay quienes solo hace unos años ingresaron a la docencia y quienes tienen poco conocimiento respecto a la trayectoria de quienes no tienen profesiones afines.
Si el argumento es que el gobierno está presionando para la elección de nuevas autoridades, habría que aclarar que el límite es el 31 de diciembre, y bien haría el comité electoral que se elija en aprovechar cada día que sea posible para que éstas sean unas elecciones en las que compitan propuestas y calidades personales, y no una en la que será la suerte la que decida los destinos de nuestra universidad.
*Publicado en mi columna de opinión denominada Letra Menuda, en el diario Noticias del 10 de noviembre del 2015, Arequipa, Perú.
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