“The L Word” es el nombre de una serie de televisión en la que se narra las vicisitudes de un grupo de mujeres, todas ellas lesbianas, y por ello con experiencias vitales similares. Al estar ambientada en California, la discriminación que sufren es mucho menor que a la que estarían expuestas por estos lares.
La reseña viene a cuenta porque el sábado pasado se desarrolló en Paraguay una marcha en la que la Iglesia Católica compartió tribuna con las evangélicas para protestar contra los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso de ese país para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia. Sus argumentos, como es obvio, tienen un fuerte carácter religioso; pero no se limitaron a criticar las iniciativas legislativas mencionadas sino que enfilaron sus ataques contra lo que llaman la “ideología de género”, y que no es otra cosa que el desarrollo teórico del movimiento feminista; y reclamaron por una educación que se base en el derecho a la patria potestad, o dicho de otro modo, que el Estado se inhiba de incluir ciertos contenidos en la educación escolar, porque estos deben ser tratados única y exclusivamente al interior de la familia.
¿Suena conocido? Recuerda al mal llamado “Manifiesto de Arequipa”, impulsado por el arzobispo de esta ciudad, y que además de oponerse al aborto, y a la unión civil, hace referencia explícita a la educación sexual, la cual, a su entender, debe ser eliminada de los colegios del Estado y pasar a ser una cuestión que solo debe ser asumida por los padres. Entonces, suena conocido y suena medieval.
El fracasado proyecto de ley de la unión civil y el archivamiento del proyecto de despenalización del aborto en caso de violación, han dejado en evidencia que lo que está en juego en nuestro país, no es la unión civil o el aborto; sino la naturaleza de nuestro Estado: laico o religioso. Y esto por la forma en la que se ha dado el debate, no solo en la sociedad civil, donde tuvieron activa participación las organizaciones ligadas a la Iglesia Católica, sino incluso al interior del Congreso, donde algunos parlamentarios, como Juan Carlos Eguren, parecían no representar a sus electores, sino a ciertas creencias religiosas, y en ciertos momentos críticos daban la impresión de ser meros operadores de la jerarquía eclesiástica. Si a esto le sumamos que el pastor Humberto Lay, argumenta sus proyectos de ley con citas bíblicas, comprenderemos el peligro de que nuestro Estado pierda todo atisbo de condición laica, característica imprescindible de cualquier sociedad moderna y columna fundamental para cualquier democracia.
Y Lay llegó al Congreso de la mano de Pedro Pablo Kuczynski, y hace unos días anunció que formará plancha presidencial con César Acuña; y a Eguren se le voceó como candidato presidencial. Por ello consideramos que nuestra condición de Estado laico, establecida en la Constitución, debe ser un tema que debe incluirse en los debates y propuestas electorales.
Las denuncias contra Luis Fernando Figari que el libro de Pedro Salinas ha logrado que sean conocidas por el país, no son lo que más debe preocuparnos; sino las reacciones del sodalicio y de la cúpula del poder católico, quienes quieren tomar a la ciudadanía por estúpida, y con argumentos que no resisten el menor análisis quieren hacernos creer que colaborarán para que se enjuicie y condene a los culpables, cuando en realidad encubrieron los delitos durante por lo menos cuatro años, pues fue en el 2011 cuando ellos recibieron, de parte de los agraviados, las denuncias respectivas. Ahora dicen que no eran competentes y que enviaron el caso al Vaticano y éste reacciona solo después del escándalo enviando a un investigador que ya declaró que no va a investigar. Casi parece el Ministerio de la Verdad investigando al Ministerio del Amor de la novela 1984.
El libro de Salinas, además, ha motivado a que otros denuncien lo que ya es evidente que no fue un exceso de Figari y otros miembros, sino el modus operandi de una organización que regenta colegios y universidades; y ya se han escuchado voces de padres preocupados por sus hijos, para que colegios como el Prescott, que se presumía laico, deje de ser zona libre del sodalicio.
Y lo peor es que estas abominables prácticas y su encubrimiento se hacen con financiamiento del Estado, es decir con el dinero de todos los peruanos. Ya se ha fijado en más de 2 millones de soles la contribución del Estado a la Iglesia Católica para el 2016. Y a pesar de eso, el Ministerio Público no se atrevió a proceder de oficio cuando debió hacerlo. Y a la Fiscalía de Prevención del Delito le falta iniciativa y coraje.
Esperamos entonces que algún candidato o candidata presidencial, tenga el valor de poner como eje central de su plan de gobierno, el cumplimiento irrestricto de nuestra Constitución en cuando al carácter laico de nuestro Estado. The L Word, debe ser ahora de laico.
*Publicado en el diario Noticias de Arequipa, Perú, del 2 de noviembre de 2015, en mi columna de opinión denominada Letra Menuda.
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