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En qué momento se jodió el Congreso*
Por José Luis Ramos Salinas
El Congreso de la República es considerado el primer poder del Estado; sin embargo, a nadie hay que convencer que los congresistas de nuestro país están muy lejos de ganarse tal título, y mucho menos el de “padres de la patria”. Pero si así se les consideró en algún momento; si, no pocas, de las intervenciones de los congresistas de antaño tenían tal valor jurídico, político y social, que merecían publicarse; cómo así hemos llegado al extremo de los “mata perros”, “come pollos” y “roba cable”, que sin duda, no son de los parlamentarios más avezados (la fujimorista María López acaba de ser condenada por un enriquecimiento ilícito de 2 millones y medio de dólares, al “come pollo” le falta mucho que aprender), pero tal vez sí de los que más atención mediática tuvieron.
Para responder esta cuestión hay que hacer un poco de historia. En 1990 los partidos políticos todavía existían como tales, y sus listas de congresistas estaban formadas por los militantes que en base a la dedicación al partido y a su ligazón con las masas, se habían ganado ese lugar. Fueron 9 las candidaturas presidenciales, 5 de partidos políticos con una trayectoria importante, Cambio 90 como el outsider, una lanzada por una organización religiosa, y dos fuera de contexto y de foco. Pero las listas al congreso fueron 17; y los había de todo tipo: desubicados y magnates que en base a campañas multimillonarias querían ser congresistas. Sin embargo, la ciudadanía prefirió notoriamente a los partidos sólidos, Cambio 90 fue la nefasta excepción.
Fujimori, ya como presidente y como parte de su plan para convertirse en dictador, inició una campaña de desprestigio contra los congresistas, la que tuvo gran repercusión en la población que empezó a verlos como un gasto insulso, facilitando la disolución del Parlamento. También Fujimori atacó a los partidos con éxito, de manera que en las elecciones de 1992 estos fueron arrasados. En 1995 la suerte no cambió; a Cambio 90 – Nueva Mayoría, solo pudo enfrentarse UPP, que liderara Pérez de Cuéllar, sin duda una personalidad, pero no un político. En el 2000 va a ser otra agrupación nueva, Perú Posible, la que va a tener alguna presencia.
En adelante, los partidos no podrían recuperarse nunca en el sentido que tuvieron hasta 1990, sino que optaron por “fujimorizarse”. Esto es, no actuar como partidos, sino como mero soporte de un candidato que hace y deshace no en base a un proyecto político ni ideológico, sino con el mero afán de ganar votos. Los coqueteos de Alan García con MilletFigueroa y Mario Hart es el ejemplo perfecto.
Todo esto viene acompañado con el hecho que desde el 2006 se hizo evidente que se gana o se pierde, no porque la gente comulgue o no con el proyecto político, ni siquiera con el plan de gobierno del candidato, sino que esto depende de la campaña electoral. El lugar que antes tenía el ideólogo y luego el equipo técnico, ahora lo ocupa el asesor de campaña, figura de primerísima importancia. Y la campaña necesita fondos, y entonces se empieza a considerar como elemento fundamental para que alguien ingrese a la lista de congresistas, sobre todo en la figura de invitado, el monto que pueda aportar. En otras palabras, se venden y se compran curules. La familia arequipeña Mendoza del Solar, que participó en diferentes planchas presidenciales y listas al congreso, es el ejemplo perfecto. La hija del patriarca: Lourdes, hasta llegó a ser vicepresidenta del Perú con Alan García, sin gloria y con mucha pena (cada vez que hablaba).
En ese contexto, era inevitable que el Congreso se desdibujara al extremo con los postulantes al Congreso que tenemos hoy, que van desde acusados de diversos delitos (la suerte del ex general Edwin Donayre se debate entre Piedras Gordas y el Congreso, y la número 1 de Keiko es nada menos que Cecilia Chacón) hasta futbolistas que piensan con los pies. Al medio hay de todo, sin duda también gente capaz (la que seguramente no logrará una curul) y familiares de los candidatos al estilo virreinal, así Fujimori que tiene a Keikocomo su representante, también tiene a Kenyi como postulante al Congreso; y Acuña, que cada vez se parece más al inquilino de la DINOES, puso a sus dos hijos y a su hermano en posiciones tales que es casi seguro que serán parlamentarios.
Tal vez no sea tan importante responder la pregunta: ¿Cuándo se jodió el Congreso? Sino: ¿Cómo es que permitimos y seguimos permitiendo que se joda el país?
*Publicado en el diario Noticias del 26 de enero de 2016
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Por José Luis Ramos Salinas
El día viernes, la Asamblea Estatutaria de la Universidad Nacional de San Agustín se volvió a reunir luego de que por una orden judicial estuvieran suspendidas sus actividades desde mediados del mes de julio pasado. En ese momento,ya prácticamente se tenía concluido el Estatuto, y lo que faltaba era establecer el cronograma de elecciones para las nuevas autoridades. Así que al retomar el trabajo, la Asamblea decidió hacer todo lo que faltaba en una solasesión maratónica que concluyó casi a media noche. Sin embargo, en mi opinión, tanta celeridad no contribuye a la adecuada marcha de nuestra universidad sino que compromete gravemente su futuro.
El objetivo del nuevo Estatuto es adecuar el funcionamiento de la Unsa a la nueva ley universitaria aprobada por el Congreso el año pasado. Tal paso no es poca cosa, pues independientemente de las objeciones que tenemos respecto a la misma –como la pérdida en la práctica de la autonomía universitaria- da a las universidades públicas en general y a la nuestra en particular la oportunidad de operar cambios trascendentales que redunden en una mejora integral de la calidad académica, tanto en la formación de profesionales como en las tareas de investigación científica y producción de nuevos conocimientos. A este respecto, la comunidad académica no puede pronunciarse, pues no se ha publicado dicho documento y lo único que tenemos es un borrador que circuló vía electrónica hace unos meses. Y en estas condiciones, en las que ni siquiera tenemos acceso al Estatuto se convoca a elecciones para elegir a las nuevas autoridades de la Unsa. Algo realmente grave, si se tiene en cuenta que entre las cosas que norma el Estatuto están, precisamente, los procesos eleccionarios.
Así resulta que por declaraciones periodísticas, porque no se ha publicado ningún comunicado oficial, los más de 25 mil estudiantes y casi 2 mil docentes debemos darnos por enterados que las elecciones para elegir rector, vicerrectores y decanos ya están en marcha. Y que hoy se conforma el comité electoral sin que nadie sepa, salvo los asambleístas, que dice el Estatuto a este respecto. Pero sí sabemos lo que dice la ley: “Cada universidad pública tiene un Comité Electoral Universitario que es elegido por la Asamblea Universitaria cada vez que ocurre un proceso electoral, con una anticipación no menor de seis (6) meses previos a dicho proceso...” Y por ello nos llama poderosamente la atención que la fecha de la votación para elegir al rector y vicerrectores se haya fijado para el 27 de noviembre, pues esto significa que en lugar de los seis meses que la ley considera un tiempo prudencial para organizar una elección tan importante se le dé al comité electoral tan solo tres semanas para tan complicada tarea.
Pero si esto ya nos parece contraproducente, nos parece mucho más grave el cronograma establecido para todo el proceso: el 18 de noviembre se inscriben los candidatos y el 25 se publica quiénes están aptos para competir y dos días después es la votación, lo que quiere decir que los candidatos tendrán para hacer su campaña tan solo un día. Y eso en la práctica no es una elección democrática, sino un sorteo.
Y por qué califico tan críticamente lo que han hecho los asambleístas, pues porque esta vez no se trata de que voten varias docenas de personas, como era en la ley anterior, sino que deben participar alrededor de 30 mil votantes. Y en un día de campaña es obvio que no habrá debates entre los candidatos y ni siquiera una adecuada exposición de sus propuestas, y si a eso le añadimos que lo más probable es que los 25 mil alumnos que votarán no conocerán a los candidatos ni de nombre y mucho menos de trayectoria académica y profesional, me tengo que preguntar cuál será el criterio de los estudiantes para elegir entre uno u otro. Y hasta en los docentes debe de existir desconocimiento, pues los hay quienes solo hace unos años ingresaron a la docencia y quienes tienen poco conocimiento respecto a la trayectoria de quienes no tienen profesiones afines.
Si el argumento es que el gobierno está presionando para la elección de nuevas autoridades, habría que aclarar que el límite es el 31 de diciembre, y bien haría el comité electoral que se elija en aprovechar cada día que sea posible para que éstas sean unas elecciones en las que compitan propuestas y calidades personales, y no una en la que será la suerte la que decida los destinos de nuestra universidad.
*Publicado en mi columna de opinión denominada Letra Menuda, en el diario Noticias del 10 de noviembre del 2015, Arequipa, Perú.
2 nov 2015
The L Word
“The L Word” es el nombre de una serie de televisión en la que se narra las vicisitudes de un grupo de mujeres, todas ellas lesbianas, y por ello con experiencias vitales similares. Al estar ambientada en California, la discriminación que sufren es mucho menor que a la que estarían expuestas por estos lares.
La reseña viene a cuenta porque el sábado pasado se desarrolló en Paraguay una marcha en la que la Iglesia Católica compartió tribuna con las evangélicas para protestar contra los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso de ese país para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia. Sus argumentos, como es obvio, tienen un fuerte carácter religioso; pero no se limitaron a criticar las iniciativas legislativas mencionadas sino que enfilaron sus ataques contra lo que llaman la “ideología de género”, y que no es otra cosa que el desarrollo teórico del movimiento feminista; y reclamaron por una educación que se base en el derecho a la patria potestad, o dicho de otro modo, que el Estado se inhiba de incluir ciertos contenidos en la educación escolar, porque estos deben ser tratados única y exclusivamente al interior de la familia.
¿Suena conocido? Recuerda al mal llamado “Manifiesto de Arequipa”, impulsado por el arzobispo de esta ciudad, y que además de oponerse al aborto, y a la unión civil, hace referencia explícita a la educación sexual, la cual, a su entender, debe ser eliminada de los colegios del Estado y pasar a ser una cuestión que solo debe ser asumida por los padres. Entonces, suena conocido y suena medieval.
El fracasado proyecto de ley de la unión civil y el archivamiento del proyecto de despenalización del aborto en caso de violación, han dejado en evidencia que lo que está en juego en nuestro país, no es la unión civil o el aborto; sino la naturaleza de nuestro Estado: laico o religioso. Y esto por la forma en la que se ha dado el debate, no solo en la sociedad civil, donde tuvieron activa participación las organizaciones ligadas a la Iglesia Católica, sino incluso al interior del Congreso, donde algunos parlamentarios, como Juan Carlos Eguren, parecían no representar a sus electores, sino a ciertas creencias religiosas, y en ciertos momentos críticos daban la impresión de ser meros operadores de la jerarquía eclesiástica. Si a esto le sumamos que el pastor Humberto Lay, argumenta sus proyectos de ley con citas bíblicas, comprenderemos el peligro de que nuestro Estado pierda todo atisbo de condición laica, característica imprescindible de cualquier sociedad moderna y columna fundamental para cualquier democracia.
Y Lay llegó al Congreso de la mano de Pedro Pablo Kuczynski, y hace unos días anunció que formará plancha presidencial con César Acuña; y a Eguren se le voceó como candidato presidencial. Por ello consideramos que nuestra condición de Estado laico, establecida en la Constitución, debe ser un tema que debe incluirse en los debates y propuestas electorales.
Las denuncias contra Luis Fernando Figari que el libro de Pedro Salinas ha logrado que sean conocidas por el país, no son lo que más debe preocuparnos; sino las reacciones del sodalicio y de la cúpula del poder católico, quienes quieren tomar a la ciudadanía por estúpida, y con argumentos que no resisten el menor análisis quieren hacernos creer que colaborarán para que se enjuicie y condene a los culpables, cuando en realidad encubrieron los delitos durante por lo menos cuatro años, pues fue en el 2011 cuando ellos recibieron, de parte de los agraviados, las denuncias respectivas. Ahora dicen que no eran competentes y que enviaron el caso al Vaticano y éste reacciona solo después del escándalo enviando a un investigador que ya declaró que no va a investigar. Casi parece el Ministerio de la Verdad investigando al Ministerio del Amor de la novela 1984.
El libro de Salinas, además, ha motivado a que otros denuncien lo que ya es evidente que no fue un exceso de Figari y otros miembros, sino el modus operandi de una organización que regenta colegios y universidades; y ya se han escuchado voces de padres preocupados por sus hijos, para que colegios como el Prescott, que se presumía laico, deje de ser zona libre del sodalicio.
Y lo peor es que estas abominables prácticas y su encubrimiento se hacen con financiamiento del Estado, es decir con el dinero de todos los peruanos. Ya se ha fijado en más de 2 millones de soles la contribución del Estado a la Iglesia Católica para el 2016. Y a pesar de eso, el Ministerio Público no se atrevió a proceder de oficio cuando debió hacerlo. Y a la Fiscalía de Prevención del Delito le falta iniciativa y coraje.
Esperamos entonces que algún candidato o candidata presidencial, tenga el valor de poner como eje central de su plan de gobierno, el cumplimiento irrestricto de nuestra Constitución en cuando al carácter laico de nuestro Estado. The L Word, debe ser ahora de laico.
*Publicado en el diario Noticias de Arequipa, Perú, del 2 de noviembre de 2015, en mi columna de opinión denominada Letra Menuda.
