Por José Luis Ramos Salinas
El presupuesto de la nación se decide en estos días y por eso el ambiente sindical está movido, con huelgas del Poder Judicial, médicos y docentes universitarios. Curiosamente, el propio presidente ha reconocido en los medios los bajos salarios de estos sectores, y ha llegado a afirmar que conducir un taxi resulta más rentable que ingresar a la docencia universitaria. No se ha negado de plano al aumento, como suelen hacer los gobiernos en estos casos, sino que ha señalado que el problema está en buscar de dónde se saca el dinero, aunque tampoco ha dicho que no lo hay. Paralelamente, PPK y sus funcionarios han criticado acremente a la dirigencia sindical de los profesores universitarios.
¿Debe entenderse esto como una contradicción? No, lo que pasa es que el aumento de sueldos es solo una arista de un asunto mucho más complejo. En realidad, lo que está en juego es el papel de la universidad pública en los nuevoscontextos nacional y mundial, y dentro de ello, la situación de la docencia universitaria debe cambiar a ojos del gobierno.
La ley universitaria, establece que los docentes deben percibir haberes homologados con los magistrados del Poder Judicial. Las universidades y sus sindicatos exigen que se cumpla la ley; por su parte el gobierno, estaría dispuesto a aumentar los sueldos, pero al mismo tiempo crear otra escala de remuneraciones en las que existirían 12 niveles, a diferencia de los 3 que hay ahora. Así, los sueldos realmente altos serían para quienes cumplan requisitos extremadamente exigentes, como tener aportes científicos de nivel mundial. El resto, aún con doctorados y maestrías, siendo excelentes docentes, tendrían que contentarse con sueldos no muy diferentes de los que tienen actualmente.
Por su parte, los rectores de las universidades públicas se han comprometido con elevar considerablemente la calidad de la enseñanza, lo que se comprobaría a través de los procesos de licenciamiento y acreditación que la ley establece; pero siendo los estándares a cumplir tan altos, se requiere mayor presupuesto y docentes mejor pagados.
Esa es la fórmula más acertada en nuestra opinión, aumentode sueldos y aumento de calidad académica. Si se les paga más que se capaciten más y que se les exija más.
Pero, al mismo tiempo otro partido se juega en el Congreso, el de las universidades privadas, cuya fórmula de su millonaria fortuna ha sido: ingreso masivo y libre, pensiones no muy altas, exigencia académica casi nula, docentes sin derechos laborales, ausencia de laboratorios, e infraestructura deficiente. Las exigencias de la nueva ley ponen en peligro esta forma de negociar con la educación, y el fujimorismo y el Apra se han propuesto salvarla. Para ello ya presentaron propuestas en las que las instituciones quesupervisan y certifican la calidad de las universidades, pierden la cierta autonomía que tienen y vuelven a ser controladas por los rectores, como fue con la antigua ley.
¿Pero por qué deberíamos sospechar de rectores elegidos con voto universal y secreto? Ahí está la cuestión, que ese solo es el caso de los rectores de las universidades públicas; las privadas funcionan como una empresa y son en número muy superiores a las públicas; así que cuando haya que elegir a los rectores que supervisen y vigilen la calidad, ya sabemos quiénes serán los Chlimper y los Rey de turno.
Los rectores y los docentes de las universidades públicas no quieren manejar taxis, sino forjar mejores universidades, pero el Apra y el fujimorismo quieren perpetuar en el país una educación superior calidad combi. Contra eso también debería ser la huelga.
*Publicado en el semanario Sin Tapujos del 14 de noviembre de 2016, Arequipa.
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