30 nov. 2015

El futuro incierto de las universidades

En junio del año pasado se aprobó en el Congreso la nueva ley universitaria, la misma que recibió una fuerte oposición de los sectores ligados al Apra y al fujimorismo, así como de la Asamblea Nacional de Rectores. La docencia universitaria a este respecto se mostró dividida, al punto que hoy existen dos Fendup, una que reclama por la pronta aplicación de la ley y la otra que se opone a la misma.
Pocos días después de que se aprobara esta ley impulsada por la alianza entre Ollanta y Toledo, se presentaron varios recursos legales ante el Tribunal Constitucional para que este máximo organismo deje sin efecto varios de los artículos más cuestionados: las atribuciones de la Sunedu, el límite de 70 años para ejercer la docencia, la interrupción del mandato de las autoridades elegidas con la antigua ley y otros. El TC se pronuncia recién hace un par de semanas a este respecto declarando la vigencia de la ley en todos sus extremos.
Surge entonces en el Congreso la iniciativa de una ley que permite que los rectores de las universidades que aún no han cambiado autoridades, puedan culminar su mandato, o por lo menos prolongarlo un tiempo más, ya que la Sunedu ha emitido un ultimátum en el que anuncia graves represalias para las universidades que no hayan elegido nuevas autoridades hasta el 31 de diciembre de este año. El debate de esta ley fue boicoteado en una primera instancia por el retiro de los congresistas de la sesión, dejándola sin quórum, y en una segunda oportunidad se acordó pasar la discusión para el 9 de diciembre, pero ahora se ha anunciado que hoy en la Comisión de Educación será sometida a votación con la posibilidad que se archive definitivamente, pero aún es incierto lo que pueda pasar, ya que el oficialismo ha perdido a varios congresistas en los últimos meses y la oposición se ha consolidado.
Mientras tanto en medio de estas idas y vueltas las universidades deben seguir funcionando sin tener claro qué es lo que ocurrirá en el futuro próximo. Las que ya eligieron nuevas autoridades y han empezado su reorganización en base al nuevo Estatuto y la ley, no saben si el trabajo que vienen haciendo será útil ya que Keiko Fujimori y Alan García han declarado que en caso de ser elegidos cambiarían drásticamente la ley. A las que aún no han cambiado de autoridades, la ley les prohíbe nombrar, ascender y cambiar de régimen a los docentes, quienes se ven perjudicados por ello.
En la Universidad Nacional de San Agustín, luego de solucionarse un proceso legal, se aprobó hace poco el nuevo Estatuto y se estableció un cronograma electoral para satisfacer a la Sunedu, pero que viola la ley y que en mi opinión impedirá que el proceso electoral sea un acto verdaderamente democrático, ya que siendo los plazos tan cortos no habrá debates ni mayor difusión y discusión de las propuestas. Lo que hubiera sido ideal siendo la elección de autoridades por primera vez por votación universal, tanto de docentes como de estudiantes.
Son alrededor de 25 mil estudiantes que tienen derecho a votar y recién el viernes se inscribieron los candidatos, por lo que no habrá tiempo ni para que los conozcan, ya que varios de ellos no han tenido una vida institucional lo suficientemente activa para hacerse de una imagen en la comunidad universitaria. Siendo así las cosas es muy probable que el número de votos en blanco y viciados sea bastante alto, lo que restará representatividad a quien salga elegido. Por algo la ley establece que la votación debe hacerse en un plazo no menor de seis meses luego de convocado el proceso. En la Unsa tomará menos de un mes.

*Publicado en el diario Noticias del 30 de noviembre de 2015, en mi columna de opinión: Letra Menuda.

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