Por José Luis Ramos Salinas
La definición más básica (y probablemente la más incompleta) de la democracia es aquella que señala que el poder depende del pueblo o reside en él. Por tanto, en cualquier país del mundo que se presuma democrático, es la ciudadanía la que elige a sus autoridades a través de diversos mecanismos: en un complejo proceso de negociación entre congresistas electos, como en España; o a través de unas largas e intensas elecciones primarias, como en Estados Unidos.
En cualquier caso, para que funcionen las cosas, se requiere un sólido sistema de partidos. Esto es, un conjunto de agrupaciones políticas con una ideología definida, una cierta trayectoria que la hace previsible en sus posturas futuras, y un sistema de formación y visualización de nuevos líderes.
En el Perú, el retorno a la democracia en los 80, nos tomó con una izquierda dividida, pero con una larga historia de organización y lucha contra las dictaduras y una férrea preparación ideológica; con Acción Popular, que venía con el bono de ser el partido que estuvo en el poder cuando el golpe militar; y el Apra que tuvo desde siempre una organización envidiable. Las competencia electoral se dio entre partidos sólidos y la ciudadanía cuando emitía su voto sabía por quién lo estaba haciendo.
En 1985, el panorama no varió mucho, pero desde 1990 el sistema de partidos empieza una acelerada y profunda crisis que se evidencia en la elección de un desconocido como Alberto Fujimori, sin estructura partidaria, ni plan de gobierno, pero con una astucia y una falta de escrúpulos, que va a constituir una dictadura mafiosa que va a destruir todo aquello en lo que debe asentarse una democracia.
Así en el 2000, el escandaloso trasfuguismo mostró al país el nivel al que habíamos descendido; de manera tal que el 2001, cualquier cosa podía pasar, lo mismo que el 2006 y el 2011, con partidos vendiendo su inscripción vigente en el JNE, con una compra y venta escandalosa de puestos en las listas congresales y aún en las planchas presidenciales, con la postulación a la presidencia de cualquiera que creía poder repetir el fenómeno Fujimori, etc.
Tan patética situación, ha merecido un tímido intento por parte de los congresistas, que fueron elegidos en las condiciones descritas, para normar mínimamente un conjunto de exigencias básicas para las agrupaciones que quieran presentar candidatos al Congreso y a la presidencia. Tan elementales, como que se realicen elecciones internas (en realidad con un simulacro de las mismas basta); que la estructura orgánica de cada partido esté debidamente inscrita ante el órgano competente; que no se puedan “invitar” a candidatos más allá de un límite; y que no se compren votos ni con dinero ni con otro tipo de dádivas.
Pero a pesar de que las exigencias hayan sido tan elementales, la realidad estaba muy por debajo de las mismas. Qué mayor prueba que el partido que nos envió a las catacumbas democráticas sea precisamente el que encabeza (no lidera) las encuestas.
Así ahora, aunque con posibilidad de apelación, se ha sacado de carrera a Todos por el Perú, por irregularidades en la conformación de su Tribunal Electoral interno; y a César Acuña, por entregar dinero en plena campaña. No han merecido igual suerte la alianza que postula a Alan García, pese a que la misma tendría algunas irregularidades en su conformación; ni el fujimorismo que desde siempre ha tenido como práctica un clientelismo grosero y ramplón, y que ahora tiene como protagonistas a la propia Keiko, que habría entregado canastas de víveres, objetos de tocador, y artefactos eléctricos, entre sus seguidores; a su hermano Kenyi, otorgando donaciones como parte de su campaña; y a la candidata por Arequipa, Alejandra Aramayo, quien hasta se fotografió en pleno reparto de diversos productos a la gente que asiste a sus actividades proselitistas.
Así parece, que quien decidirá quién será el próximo presidente y cómo se conformará el Congreso, no es la ciudadanía, ni siquiera los partidos, sino el JNE.
La historia de las últimas resoluciones emitidas por los Jurados Especiales, así como por el propio máximo ente electoral, no dejan duda de que si algo caracterizará a este proceso electoral, es ese tufo a “fraude legal” que se ha empezado a sentir y ante el cual, los candidatos no afectados se muestran tales como son: oportunistas (cuando no incitadores) o verdaderamente demócratas.
*Publicado en el diario Noticias del 7 de marzo de 2016
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