Por José Luis Ramos Salinas
El Congreso que se va nunca ha destacado en nada, en estos cinco años jamás ha dado una muestra de lucidez que le genere admiración. Por el contrario, su mediocridad era matizada de cuando en cuando con algún escándalo de corrupción y la consecuente componenda. Como los anteriores, desde que el fujimorismo descompuso la clase política, este parlamento merece el olvido pero no el perdón.
Una de las cosas que debieron hacer y que se les exigió desde que los actuales congresistas asumieron sus cargos, fue la reforma electoral. Con una democracia caracterizada por su debilidad y con un sistema político formado por partidos que en la mayoría de los casos eran meros membretes, o tenían dueño cual si fueran un equipo de fútbol, o estaban marcados por un caudillismo decimonónico; se hacía imprescindible impulsar desde la legislación un fortalecimiento institucional de los partidos políticos, y el establecimiento de reglas que impidieran trampas tan burdas a la democracia como el transfuguismo. No sin olvidar, los necesarios filtros para evitar que mafias delictivas obtuvieran representación política a través de la compra de lugares en las listas de candidatos. El narcotráfico y la minería informal ya habían mostrando demasiados avances en la captura del Estado para seguir ignorando este hecho.
Pero los congresistas, si algo tenían claro, es que el poder del que ahora gozaban se debía al caos que tenían la obligación de terminar. Prefirieron sus intereses personales y eludieron la tarea de la reforma electoral. Pero algo tenían que hacer para no quedar tan mal, y no importó que las elecciones presidenciales ya estuvieran a la vuelta de la esquina, y aprobaron un salpicón de artículos que dejó intacta la esencia del problema que debían resolver, y que más allá del débil efectismo, solo sirvió para generar el callejón sin salida en el que estamos respecto a la legitimidad de las elecciones.
Con estas nuevas reglas de juego, absolutamente incoherentes, el JNE asume el proceso electoral, sin siquiera tener claro el panorama, debiendo enviar consultas al Congreso tan surrealistas como: ¿el artículo tal aplica a este proceso o al siguiente?
Es esta pseudo reforma electoral, y los reglamentos que se hicieron en base a ella, la que generó puntas de flecha envenenadas con las que se podía sacar de carrera a planchas presidenciales enteras. Y esto dependiendo, solo de la voluntad y la vehemencia con la que ese día despertaran los miembros del JNE, que provienen de un proceso de selección que en estas elecciones se ha hecho evidente como totalmente obsoleto y antidemocrático.
El JNE decidió en un inicio jugar al peloteo con el Jurado Electoral Especial de Lima para el caso de Julio Guzmán, y luego poniendo el énfasis en requisitos establecidos en leyes cuestionables, y obviando lo que la Constitución y los Convenios Internacionales establecen para preservar la democracia, lo sacó de carrera; y no al momento de la partida, sino cuando las encuestas lo consideraban el próximo presidente del país. Lo que el JNE dijo, es que no interesa que haya millones de ciudadanos que quieran que sea presidente Guzmán, porque lo que realmente importa es si el trámite de elección interna de los candidatos se hizo como está establecido en el reglamento respectivo. “La ley es la ley”, y para que no quede duda de su dogmatismo legal, también eliminaron de la contienda a Acuña por entregar regalos en actos proselitistas.
Pero luego vino lo de Keiko y se acabó eso de que había que cumplir la regla a rajatabla, y lo que ya era una intuición generalizada se hizo palpable: estas elecciones carecen de legitimidad y hay suficientes elementos de juicio para calificarlas de fraudulentas. La irregular alianza Apra-PPC, y el cervecero PPK, solo son pruebas adicionales, al escándalo de modificar una ley al momento de sustentar un fallo. Malabarismo legal de los miembros del Jurado Electoral Especial de Lima, que debiera valerles ser sometidos a juicio.
Y así se configura un callejón sin salida. Pues si se anula el proceso electoral y todo vuelve a fojas cero, los partidos de menores recursos económicos se verán en desventaja, pues sus pocos fondos ya habrán sido gastados y no tendrán para solventar una segunda campaña; algo en que no tendrán problema precisamente quienes han sido beneficiados por la poca imparcialidad de las autoridades electorales. Y si el proceso continúa tal cual, la legitimidad de quien gane estará afectada desde el inicio, por el hecho de que a unos se les aplica la ley y a otros no.
La única luz, aunque tenue, sería que se saque de carrera a los que cometieron las mismas infracciones que Guzmán y Acuña ; así estas elecciones habrán sido poco democráticas, pero al menos no fraudulentas. El JNE tiene la palabra, la ciudadanía, también.
*Publicado en el diario Noticias del 28 de marzo de 2016
No hay comentarios.:
Publicar un comentario